Las numerosas operaciones en el comercio internacional, el alto nivel de integración de las operaciones, así como la tendencia hemisférica de las autoridades tributarias a implantar controles en materia de impuestos, han llevado a que la determinación de Precios de Transferencia y atribución de rentas y patrimonio de los contribuyentes sea un aspecto de fundamental relevancia en las agendas de las multinacionales y las autoridades tributarias.

Las modificaciones aplicadas al artículo 108 de la Ley 1819 de 2016, buscan mejorar los alcances de la documentación comprobatoria de precios de transferencia, poniendo en sintonía los nuevos estándares internacionales establecidos en el resultado de la Acción 13 del proyecto BEPS OCDE/G20.

Se encuentran obligados a este Régimen, aquellos contribuyentes del impuesto de renta que durante el año 2017 hayan realizado operaciones con entidades o personas vinculadas del exterior o ubicados en zona franca de Colombia, o que hayan realizado operaciones con personas o entidades ubicadas en países o territorios denominados “paraísos fiscales”.

Es condición que al cierre del ejercicio fiscal 2017, los contribuyentes hayan tenido un patrimonio bruto igual o superior a 100.000 UVT (COP 3.185.900.000) o que durante ese período fiscal sus ingresos brutos hubiesen sido iguales o superiores a 61.000 UVT (COP 1.943.399.000).